El martes 20 por la tarde, en un acto organizado por el Instituto de Proyectos de Proyecto Sur (IPPS) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), el diputado nacional electo Fernando "Pino" Solanas se refirió a la necesidad de proteger los recursos del Atlántico Sur. Estuvieron presentes el director del IPPS Félix Herrero, el ex diputado Mario Cafiero, el General Jorge Leal -el primero que llegó al Polo Sur por vía terrestre- y el ex gobernador de Santa Cruz Sergio Acevedo.
Durante su exposición, Solanas advirtió que "lo que divide aguas en el mundo es la recuperación y protección de los recursos naturales y en Argentina tenemos una dirigencia irresponsable que no habla de este tema y no tiene conciencia del valor de nuestra plataforma marítima."
Luego completó: "Deben saber que los países que emergen con peso en el escenario internacional son los que han recuperado sus recursos naturales y protegido sus territorios."
También habló el ex diputado Mario Cafiero, quien explicó: "Este tema ha estado oculto, debemos sincerarnos, el canciller Taiana dice que Argentina no tiene hipótesis de conflictos, cuando en realidad el del Atlántico Sur es el conflicto con proyección geopolítica estratégica como no hay otro en el mundo."
"Tanto es así que en la zona, la OTAN construyó la mayor base militar fuera de su territorio", concluyó Cafiero.
Estuvieron presentes la diputada nacional Victoria Donda, el referente de Libres del Sur Humberto Tumini, los referentes de Proyecto Sur Jaime Nuguer y Daniel Marcos. Además de Solanas y Cafiero, disertó el licenciado Carlos Pavan de la UTN , y Alejandro Arial Vélez, director del documental La Pampa Sumergida.
El acto tuvo como objetivo la creación de un foro en defensa del Atlántico Sur. Se realizó en la sede de la UTN de Medrano 951 (CABA).
"Hay dos millones de argentinos que ahorrarán hasta sobre su hambre y sed para responder, en una situación suprema, a los compromisos de nuestra fe pública en los mercados extranjeros."
Nicolás Avellaneda, Presidente 1874-1880
Responder a la pregunta acerca de qué es el imperialismo es, por lo menos, complicado. A pesar de ello, siendo un elemento permanente en las relaciones políticas internacionales, no hay dificultad en señalar el saldo de miseria y destrucción que ha dejado en América Latina e, incluido en ella, en nuestro país.
Las formas de penetración imperialista de los países centrales hacia las naciones periféricas son diversas y se combinan según se lo requiera, pero corroboran empíricamente el rol instrumental del Estado en tanto espacio de disputa intra y extranacional.
Claramente, la modalidad más efectiva y evidente en el corto plazo –no por esto más violenta ni dañina- ha sido la militar. Ésta representa la fuerza de las armas imponiéndose de forma directa a través de la invasión; manifestándose veladamente por medio del apoyo a golpes de Estado o facciones en las guerras civiles; o avanzando con sigilo al afincar bases militares en otros territorios, como pequeños semilleros.
Es cierto que las intervenciones directas hoy son menos frecuentes; ellas entran en franca contradicción con el difundido ideal de una paz asegurada por la “globalización de la democracia” que los propios países del centro arguyen.
No obstante, no es menos cierto que las penetraciones militares continúan instrumentándose, como lo han demostrado los recientes sucesos acontecidos en Colombia.
Sin lugar a dudas, la modalidad imperial más sutil ha sido (y es) la cultural. Prepara a las clases dirigentes y a los intelectuales locales para no resistir las penetraciones extranjeras –ya sean económicas o militares- sino, por el contrario, colaborar activamente con ellas. Pensemos en la ola neo-liberalizadora que asoló a la región en las últimas tres décadas; allí estaban los dirigentes políticos, presidentes, ministros y asesores, reproduciendo los discursos importados con sus lógicas de subordinación neo-colonial y triunfo mercantil.
Y es allí es donde se inscriben las más difíciles luchas de resistencia, las más sojuzgadas, las más brutalmente acalladas.
Llega entonces el momento de referirnos a la modalidad de política imperial más extendida: la económica-financiera. Ella mantiene intactas las instituciones políticas de los países que dominan y sostiene la ficción de supuesta soberanía, pues son dichas instituciones y sus sistemas jurídicos las que permiten y fortalecen este tipo de penetración. Radicación de empresas extractivas y expoliadoras de recursos naturales, localización de filiales en búsqueda de mano de obra barata, los organismos internacionales de crédito y la deuda externa, son algunas de sus manifestaciones.
Existen dos condiciones persistentes a lo largo de todo el proceso de endeudamiento latinoamericano. En primer lugar, la seguridad jurídica debe verse garantizada por la incontestabilidad en última ratio a la fuerza organizada del Estado -razón por la cual ningún endeudamiento fuerte ni reestructuración se da en marco de guerra civil-, de manera que son las propias riquezas nacionales las que se trenzan como garantes en las luchas intrínsecas, aún cuando las oligarquías suelen percibir la posibilidad de endeudamiento nacional futuro como incentivo. En segundo término, y en virtud de la trasnacionalidad de los mercados financieros, jamás un país es plenamente soberano en la contratación de deuda, ya que la posibilidad no es dada en función de las demandas efectivas nacionales, sino por la disponibilidad de stocks de capital a nivel global. Esta disponibilidad, por supuesto, es determinada por la caída de la tasa de ganancia de las inversiones en las economías nacionales centrales y el consecuente agotamiento del ciclo expansivo central, que vuelca sus capitales a la periferia. La derivación necesaria de estas condiciones es que, una vez abierto el ciclo, rara vez existe una correspondencia entre las correlaciones de fuerzas externas e internas que permitan romper la lógica del vaciamiento, y son los sectores populares los que cotidianamente ven expoliado parte del producto de su trabajo con el ajeno fin de saldar las deudas contraídas por los grupos dominantes oligárquicos. Tal es la sangría perpetua de la periferia.
El caso argentino, en tanto economía latinoamericana y estructuralmente dependiente, grafica patentemente lo expuesto. Si observamos los períodos de endeudamiento más brutal, podemos encontrar una correspondencia directa entre coyunturas internacionales de sobreabundancia de capitales y gobiernos cipayos de corte liberal y anti-popular:
1862-1870: Producto de la crisis debida al fin de la expansión ferroviaria europea. Consolidación del Estado liberal mitrista.
1976-1982: Producto de la crisis de abundancia de los petrodólares, estanflación. Reestructuración económica argentina centrada en la valorización del sector financiero y la matriz industrial de alta concentración orgánica de capital.
1990-2000: Caída de la URSS, hegemonía global neoliberal, caída brutal de la productividad y consecuente desinversión productiva en economías centrales, exportación de capital productivo a la periferia. Consolidación de la coalición liberal en el plano nacional(1).
Estas tres situaciones constituyen puntos de inflexión en la política financiera nacional. De lo que aquí se trata no es de los mecanismos habituales del cipayaje nacional, que implican la reproducción vía intereses y reestructuraciones acríticas, sino de la multiplicación real y extraordinaria de la masa absoluta de deuda. La posibilidad de esto, como señalamos, está dada por la coincidencia de factores externos e internos absolutamente específicos.
Ahora bien, nuestra tarea no puede consistir sencillamente en describir estos fenómenos, sino también en asumir un compromiso militante que se constituya en nexo explicativo entre lo pasado, el presente y el porvenir. Debemos remitirnos entonces al contexto actual del sistema financiero global y rastrear la posibilidad de que estas condiciones externas estén o no presentes en nuestro tiempo. De público conocimiento es la tarea que los Estados centrales se han dado en esta última crisis: nacionalización de la deuda privada e inyección de monumentales masas monetarias a los grandes agentes capitalistas privados. La ficción de auto-inyección de capital de los centros económicos se da, asimismo, en el marco de un nuevo ciclo de estancamiento de la economía real y aumento de la inversión especulativa, que se observa en la sostenida caída del empleo en dichas economías. Más aún, la opereta montada en torno a la supuesta reforma del FMI y el Banco Mundial se desbarata al observar las condiciones ortodoxas impuestas por dichos organismos al otorgar créditos de salvataje a las economías semi-periféricas de la Unión Europea ampliada. En este sentido, las condiciones externas están dadas una vez más para incurrir en el ciclo de endeudamiento. Si el aumento no se opera en forma geométrica por contrataciones llanamente antipatrióticas, es al menos esperable que, en el marco de una potencial crisis de balanza de pagos, exista una nueva reestructuración que no cuestione el origen ilegítimo de la deuda e incurra así una vez más en el delito más infamante que pueda cometer un gobierno: hambrear al pueblo para enriquecer a los patrones foráneos.
Dejamos entrever en el argumento anterior que en el plano nacional existen, entonces, algunas fuerzas motrices que operan a favor del endeudamiento. Los grandes grupos económicos pueden ser pacificados transitoriamente por medio de una nueva nacionalización de deuda privada –operación clásica del Estado nacional en contextos de crisis-. La posibilidad de una crisis de balanza de pagos fue señalada, porque es la única explicación de raigambre objetiva para las actitudes de acercamiento a los organismos multilaterales de crédito. Sin caer en las teorías conspirativas, debemos destacar que el actual ministro de economía ha surgido del seno del Centro de Estudios Macroeconómicos Argentinos, semillero neoliberal por antonomasia.
Puede señalarse, en oposición a lo antedicho, que el gobierno nacional actual ha comenzado a recuperar la presencia del Estado en la organización económica nacional, con determinadas medidas de corte nacionalista. Pero lo que aquí se discute no es la presencia del Estado, sino la forma específica que la misma adquiere. Y esta forma poco ha tenido que ver con un programa nacional emancipatorio, sino que ha estado ligada, en última instancia, a la posibilidad coyuntural de un mercado de materias primas mundial que ha morigerado (sólo en apariencia) las eternas pesadumbres periféricas.
Es ahora cuándo el debate por los recursos estratégicos cobra peso. De quién, por quién y para quién se orientan los recursos naturales, el comercio exterior, la industria de alta concentración orgánica de capital y alto valor agregado, los medios de distribución territorial de la producción y de transferencia de recursos entre sectores y segmentos de la economía nacional. Es ahora cuándo debemos preguntarnos si, por conveniencia, incapacidad o falta de voluntad de algunos dirigentes, no volveremos a escuchar los argentinos aquellas cínicas palabras de Avellaneda.
1.La represión absoluta sobre el campo popular permitió que en este período la deuda externa aumentara un 364%, acompañada de un agravamiento sistemático y brutal de las condiciones reales de existencia del pueblo. En memorando del Banco Mundial del 22 de junio de 1984 se indica que el 44% de los fondos financiaron la evasión de capitales privados, el 33% se destinó al re-pago de intereses y el 23% a armamento.
Con intención de darle una mano en su tesis de doctorado al politólogo sueco de Mario Wainfeld, trazamos algunas líneas de respuesta al artículo de José Natanson (Página/12, 11/09/09) y a sus interrogantes acerca de la posición de Solanas y Proyecto Sur. El periodista considera que se trata de una construcción política situada en un lugar extraño, en tanto combina oposición dura con apelación moralizante, y se le hace difícil comprender que “Solanas, cuyas películas transpiran peronismo, es, de todos los líderes de centroizquierda, el que mantiene la relación más intransigente con el peronismo, situándose en posiciones aún más inflexibles que las de opositores cuyo origen los aleja naturalmente del PJ, como los socialistas”. Como tantos otros, Natanson no puede o no quiere percibir el contraste entre el peronismo histórico y el pejotismo: el peronismo de los gobiernos de Perón y la resistencia peronista, con sus grandes aciertos y errores en tiempos turbulentos, frente a la fuerza política degradada que emerge del genocidio de la última dictadura. Más allá del necesario balance crítico de ese período, el peronismo histórico –del cual provienen Solanas y una significativa proporción de integrantes de Proyecto Sur– nunca se apartó de tres ejes fundantes: la consigna Braden o Perón, como una clara oposición a las potencias hegemónicas con sus estrategias de despojo y subordinación; la defensa de los intereses nacionales sintetizada en el artículo 40 de la Constitución de 1949; la reivindicación de la justicia social y la dignidad de los trabajadores.
Por su parte, el pejotismo impulsó el proyecto más entreguista y antipopular de la historia argentina del siglo XX, incluyendo el de la Década Infame: las relaciones carnales; las aberrantes privatizaciones y prórrogas de concesiones o la fraudulenta deuda externa que se niegan a investigar a pesar del dictamen del juez Ballestero basado en las denuncias de Alejandro Olmos, manteniendo como política el endeudamiento, junto a los derechos sociales arrasados, son el espejo invertido de esa otra historia, aunque se implementaran cantando la Marcha. Para hacerlo, Menem necesitó del apoyo de varios miles de cuadros y dirigentes políticos o sindicales bajo la conducción del PJ: allí están en los archivos todos los nombres de los cómplices y beneficiarios, con los sucesivos acuerdos, traiciones o enfrentamientos mutuos. Sus conductas en el pasado reciente han generado dramáticas secuelas que aún perduran en nuestra sociedad: compararlos con José Martí, Túpac Amaru o Augusto Sandino (Mario Goloboff, en Página/12, 13/10/09) para fundamentar que el “mal de archivos” es “un inútil consuelo de tontos”, precisamente en esta Argentina que está luchando por la memoria, nos parece, como mínimo, un despropósito.
Proyecto Sur reivindica las mejores ideas del peronismo histórico, como parte de las tradiciones populares latinoamericanas, pero se opone duramente al pejotismo y a las medidas del Gobierno que son continuidad de los noventa; a ese “conservadurismo mal disfrazado de progresismo que es necesario desnudar”. Los ejemplos sobran. No obstante, con las condiciones pertinentes, se han apoyado y van a apoyarse aquellas iniciativas consideradas beneficiosas para el país y sus ciudadanos, sin importar quién las haya propuesto ni caer en las trampas de falsas polarizaciones.
Sustentamos una ética pública que, según Natanson, algunos consideran un “riesgo de apelación moralista estilo Frepaso como eje de la construcción política”. La ética pública afirma que hacer negocios personales y de amigos con recursos públicos pertenecientes a todos los argentinos es un delito gravísimo y debe ser duramente castigado; porque esa corrupción y esas prebendas redundan en carencias y sufrimientos para una alta proporción de compatriotas. A pesar de la cantidad de información aportada, nadie pudo desmentir las denuncias de Solanas en sus películas Memoria del saqueo, La próxima estación o Tierra sublevada, que no son una mera “apelación moralista estilo Frepaso”. Luego de padecer durante treinta años la hegemonía cultural y económica del neoliberalismo con su impunidad delictiva, Argentina clama por una profunda reforma moral e intelectual, como base de un proyecto capaz de dar respuesta a los desafíos de la actual crisis de época, algo que ni el pejotismo ni la oposición de derecha están en condiciones de promover.
Se nos cuestiona, además, que el grueso de las críticas de Proyecto Sur sea a “grupos lejanos y difusos (las empresas mineras depredadoras) en lugar de factores de poder cercanos y tangibles (los medios, el campo, la Iglesia)”. Esta estrategia discursiva sigue el patrón del kirchnerismo: establece una contradicción antagónica, una polarización irreductible con “factores de poder” considerados totalmente homogéneos, sin una mínima sutileza que permita percibir la heterogeneidad y las diferenciaciones internas de cada uno de ellos, como es el caso del sector rural. Al mismo tiempo, la crispación del conflicto intenta silenciar o velar los intereses que los ligan con esos “grupos lejanos y difusos” como Repsol, British Petroleum, Barrik Gold, La Alumbrera, Techint, Monsanto, Cargill, Aceitera General Deheza, Bunge, entre otros, que serían aliados incondicionales del movimiento nacional y popular. Nos permitimos afirmar que definiciones de este tipo le plantean al politólogo sueco una confusión mucho mayor que las posiciones políticas de Solanas y Proyecto Sur.
Mientras se debate en el Senado el proyecto de Ley de Servicios Audiovisuales que obtuvo media sanción en Diputados, continúan las repercusiones acerca de la posición tomada por Proyecto Sur. El legislador electo Julio Raffo -quien analizó con mayor profundidad el proyecto de ley oficial y trabajó en las numerosas modificaciones conseguidas-, explica las razones de un apoyo.
Desde hace más de quince años Pino Solanas y quienes lo acompañamos políticamente venimos bregando por una nueva ley para la radiodifusión argentina. No necesitamos tener un enfrentamiento coyuntural con el grupo Clarín para levantar y defender esta bandera, ni nos dejamos arrastrar nunca por el horizonte que beneficiara el negocio de las telefónicas, que participaron durante el menemato del saqueo del patrimonio nacional con la colaboración activa de los Parrilli y el silencio complaciente y cómplice de los gobernadores de entonces.
No fuimos ni funcionarios ni aplaudidores de Menem y sus secuaces.
No cargamos con el estigma de haber propiciado la prórroga ilegal e ilegítima de las licencias realizada mediante el Decreto 257 en las últimas horas del gobierno del presidente Kirchner.
Por todo ello, recibimos con alegría el que se propiciara la reforma de la ley vigente y apoyamos la decisión de la Presidenta de poner sobre el tapete una “propuesta” para esa reforma. Pero no nos sumamos al coro de “aplaudidores a libro cerrado”, muchos de los cuales ejercieron destacadamente esa actividad en los gobiernos de Carlitos, de Eduardo y de Néstor.
Leímos la propuesta e hicimos públicas nuestras críticas y, si bien el Gobierno hizo algunas correcciones menores, el proyecto que envió a la Cámara de Diputados mantuvo intactos los contenidos que desvirtuaban, en gran medida, los principios levantados por la Coalición por una Radiodifusión Democrática; principios que, desde siempre, son también los nuestros.
Por eso, nos diferenciamos de los “aplaudidores a libro cerrado” (que actuaron algunos por error, otros por obediencia y otros por razones prebendarias) y expusimos las 25 razones por las cuales discrepábamos con el proyecto del Ejecutivo adelantando que no nos dejaríamos arrastrar al escenario maniqueo y tramposo según el cual “o se estaba con la ley de la dictadura y el monopolio Clarín”, o se debía estar dispuesto a apoyar “cualquier cosa”.
Estuvimos tan lejos de una como de otra posición extrema y malsana, porque esos escenarios además de ser tamposos les hacen daño al país, a sus instituciones y a la calidad de su legislación.
La oposición de derecha, con todos sus matices, cerró filas contra toda y cualquier reforma, con argumentos falsos para evitar un avance en este campo. Por su parte, el “bloque histórico K”, cuyo arco va desde Aldo Rico, Ramón Saadi y Oscar Parrilli hasta Hebe de Bonafini, no salió a la calle a exigir corrección ninguna. Algunos de ellos confiaban (¿confiaban?) en que los diputados del Pejota (que recientemente confesaron que aprueban las leyes que les mandan sin leerlas) irían, esta vez, a cumplir dignamente con su labor.
Nosotros no tuvimos esa confianza, y por ello exigimos que las reformas cruciales (que –según decían– serían aceptadas) el partido oficialista las hiciera suyas, las escribiera y las firmara en el dictamen de comisión que bajaría al plenario de la Cámara.
Y así fue. De nuestras 25 razones, el dictamen de mayoría incorporó 17 y, entre ellas, las que excluyó del negocio de las telefónicas, la picardía en las llamadas “reservas para las entidades sin fines de lucro”, el injustificado privilegio a la Iglesia Católica, la imposición de la Autoridad de Aplicación dependiente y controlada por el Ejecutivo, un Consejo Federal pintado, el desconocimiento al espacio radioeléctrico como “bien público”, el permitir que la autoridad de aplicación mire para lado frente a efectos de las emisiones en la salud de la gente (que algo importa), el que la cuota de pantalla en la TV fuese una ficción inaplicable, el permitir la discriminación por “opción sexual”, etc., etc.
Ante el compromiso formal que significó el incorporar la mayoría de nuestras propuestas al dictamen que sería tratado en el recinto, Proyecto Sur, mediante su diputado Claudio Lozano, sólo se incorporó a la sesión una vez que el oficialismo obtuvo el quórum, repudió el procedimiento prepotente que cercenó las posibilidades de un debate más amplio y votó “en general” a favor del mismo y, en el debate “en particular”, siguió bregando por mejorarlo.
Tengo la convicción de que, si nos hubiésemos sumado a los “aplaudidores a libro cerrado” el “no-importa-qué-pero-es-K” o a los “críticos en voz baja”, ninguna de esa reformas se habría introducido en la ley, porque el proyecto hubiese seguido estando bajo el control “devido”.
Por todo ello, hoy festejemos que el proyecto de ley se haya aprobado en Diputados con las principales modificaciones que propusimos. Es de esperar que sea aprobado por la Cámara de Senadores.
Insistimos mucho en el tema telefónicas porque estamos convencidos de que “el chorear no es progresista”.
Este jueves por la tarde, en conferencia de prensa, los referentes de Proyecto Sur se refirieron a la “alarmante situación social” y criticaron la decisión del gobierno nacional, a través de su ministro de Economía, Amado Boudou, de “honorar estas deudas ilegítimas y no la enorme deuda interna con nuestro pueblo”, según advirtió Solanas. También se refirieron al dictamen de minoría que se presentará para el Presupuesto 2010.
“El hecho de que la ciudad haya estado cortada por sectores sociales en situación desesperante y el mismo conflicto por despidos en la ex Terrabusi demuestran que estamos ante una situación alarmante, que el gobierno nacional no resuelve”, sostuvo Solanas, quien luego recordó que “por eso repetimos que es urgente suspender por 180 días los despidos, establecer una asignación universal por hijos y que existen rentas excepcionales para paliar esta situación.”
Solanas se quejó de que las “respuestas oficiales han sido evasivas, al punto que la presidente ha contestado que no existen esas rentas, obviando que por lo pronto hay casi 7000 millones de pesos de exenciones impositivas para utilizar.”
“Frente a esta situación –continuó Solanas- nos enteramos que se han reiniciado las negociaciones para honorar una gran estafa pública, que es la deuda del Club de París, una deuda nacida en la dictadura y que según jurisprudencia internacional –la doctrina de la Deuda Odiosa- no se debe pagar al haber sido contraída por gobiernos dictatoriales. ¡Pregúntenle a Bush que aplicó esta doctrina en Irak! Si para el gobierno la prioridad es honorar estas deudas y no honrar la enorme deuda interna con nuestro pueblo, decimos que Proyecto Sur se planta frente a esta tentativa de honorar una deuda ilegítima”
En el mismo sentido, el Secretario general del PSA, Mario Mazzitelli, criticó que se utilice como "mecanismo para enfrentar la crisis el reintegro de la Argentina a los mercados financieros internacionales, a los lazos con el FMI y el pago de la deuda al Club de Paris. Son caminos que ya transitamos y nos llevaron a la crisis del 2001".
Luego agregó que "ante la situación actual: entre 14 y 16 millones de argentinos bajo la línea de pobreza, de los cuales seis millones son menores, y dos millones y medio de niños en la indigencia, Proyecto Sur no acepta que se hipoteque el futuro de los chicos y la sociedad argentina, regresando a los '90 y al neoliberalismo sino que propone un fuerte proyecto de reindustrialización".
Durante la conferencia, se adelantó que se están terminando de preparar una veintena de proyectos de ley que cubre aspectos sociales, la reconstrucción de industrias públicas y los servicios integrales, educación y cultura, y la contaminación de la megaminería, entre otros. Al tiempo que se recordó que están presentados los proyectos de asignación universal por hijo, seguro de desempleo , de democratización de la Anses para evitar el uso discrecional de los fondos, y una propuesta de reconstrucción de los haberes jubilatorios.
En este sentido, el diputado nacional Claudio Lozano se refirió al dictamen de minoría que presentará por el Presupuesto 2010: “Este dictamen tiene dos componentes importantes: por un lado, la contemplación de la asignación universal por hijo y, por el otro, el uso de 6000 millones de dólares de las reservas del BCRA para infraestructura de transporte, energía, industria y agropecuaria, porque la propuesta oficial significa confiar en que nos sigan comprando soja desde China e India y que inviertan los capitales dominantes, básicamente extranjeros, por lo tanto, economía de exportación y más concentración y extranjerización.”
Lozano aprovechó también para informar sobre la denuncia penal presentada contra Boudou y directivos de la ANSES, por presuntos manejos irregulares con los fondos del ente previsional y que lo llamarán en las próximas horas para ratificarla.
El grupo de diputados nacionales electos por Proyecto Sur, visitó este martes por la tarde la fábrica tomada de la multinacional norteamericana Kraft-Foods, a invitación de los trabajadores. Allí, Solanas criticó las negociaciones con el Club de París y exigió "priorizar dar fin a la enorme deuda interna". También pidió mayor intervención del gobierno en el conflicto de la ex Terrabusi.
"Es escandaloso que el gobierno insista en el pago de una deuda externa cuestionada por la teoría norteamericana de la deuda odiosa; en lugar de priorizar dar fin a la enorme deuda interna que tenemos con nuestros jóvenes pobres y combatir seriamente el desempleo y la informalidad", sostuvo Solanas, acompañado por los diputados electos Jorge Cardelli y Liliana Parada.
Luego, el referente agregó: "Con un tercio de los recursos que el ministro Boudou se empecina en entregar al Club de París, honrando deudas fraudulentas, aseguraríamos el ingreso universal por hijo y en lugar de jactarnos de conservar el nivel de reservas -como hace la presidente-, ¡ojalá las invirtiésemos en reconstruir un polo de industrias públicas para generar empleo masivo!"
La situación en Kraft es "alarmante"
La fábrica de Pacheco se encuentra paralizada desde el 18 de agosto por sus trabajadores, en reclamo de la reincorporación de los 152 operarios despedidos y en rechazo de un plan de desvinculación voluntaria, que consideran “intimidatorio”. Ayer, luego de cortar la Panamericana durante ocho horas, el Ministerio de Trabajo intimó a la empresa a abonar íntegramente los salarios a fin de permitir "nuevas instancias en la negociación".
En este marco, Solanas visitó la fábrica y denunció a Crítica de la Argentina que la situación "es desastroza. Son 35 días de incertidumbre con más de 100 despedidos y 1700 trabajadores que no cobraron la quincena. Además está el fantasma de una fusión con otra empresa, lo que significaría más despidos”.
El electo legislador pidió mayor intervención del Gobierno en el conflicto. “El Gobierno tiene que tener una participación más activa” en la ex Terrabusi, dijo y agregó que "la presidente está dialogando con empresas norteamericanas y ésta es una norteamericana que está despidiendo empleados. Por eso nos parece que el Gobierno está preocupado en negociar la deuda fraudulenta, que es de la dictadura, mientras la pobreza y la desocupación avanza de modo alarmante”, agregó.
Fiesta Nacional y Popular - 14/11 - 00hs - Frente Universitario Proyecto Sur
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La Universidad para un Proyecto Nacional
La universidad es una herramienta fundamental en la formación técnica y científica de un proyecto de país autónomo e independiente. Es un elemento indispensable e insustituible para la reconstrucción nacional y como tal, no puede estar financiada por aportes privados, ni guiada por una lógica mercantilizadora-privatista que condicione su desarrollo (siendo la LES y la Coneau los ejemplos más claros del intento neoliberal por atentar contra la educación pública y de calidad).
La universidad debe ser económicamente autónoma, es decir, financiada por el Estado para impartir una educación pública y gratuita, que a su vez esté en sintonía con las problemáticas nacionales y latinoamericanas.
La producción intelectual de nuestras carreras sigue desarrollándose bajo el marco de la colonialidad del saber. Miramos la realidad Argentina y Latinoamericana con ojos eurocéntricos: más del 80 % de la bibliografía obligatoria es de origen europeo y norteamericano. Aprendemos teorías y conceptos cual herramienta para aplicar a toda realidad indistintamente de su particularidad histórica, lo cual dificulta el acercamiento con nuestra propia realidad argentina, latinoamericana y dependiente.
Creemos urgente repensar la orientación de nuestras carreras, incorporando una mirada desde el Sur, donde el conocimiento que generamos no sea de carácter de reproducción, sino de producción creativa, crítica y orientada hacia un proyecto emancipador. De esta manera el pensamiento recobra su potencial político y transformador, contribuyendo a desnaturalizar el actual modelo de entrega y saqueo de nuestros recursos.
Es necesario pensar cómo llevar adelante un proceso de reconstrucción social al servicio de los sectores populares y excluidos, adaptándose a las situaciones específicas de cada una de las comunidades afectadas e incorporando como válidas sus propuestas y reclamos.
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